El máximo tribunal bonaerense hizo lugar al planteo promovido por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Necochea, dispuso la suspensión de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante y otorgó cinco días para que el cuerpo legislativo fundamente jurídicamente su posición
Por Jorge Gómez
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCJBA) resolvió intervenir en el conflicto de poderes planteado por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Necochea contra el Concejo Deliberante, a raíz de la sanción de la ordenanza 12.148/26, que establecía nuevas exenciones tributarias para veteranos de la Guerra de Malvinas, viudas y derechohabientes. Vale citar que la vigencia ordenanza fiscal e impositiva local 2026 (OFI) ya cuenta con beneficios para este sector de la sociedad.
La decisión del máximo tribunal provincial fue notificada este jueves 11 de junio y representa un primer respaldo jurídico a la posición sostenida por el gobierno municipal, que había cuestionado la validez de la norma impulsada desde el Concejo.
El conflicto se originó luego de que la mayoría del cuerpo deliberativo aprobara una ordenanza que ampliaba beneficios vinculados al pago de tasas y tributos municipales para ex combatientes de Malvinas y sus familiares. La iniciativa fue posteriormente vetada por el intendente Arturo Rojas, quien consideró que la medida invadía atribuciones propias del Departamento Ejecutivo por tratarse de una disposición con impacto presupuestario y fiscal.
Sin embargo, el Concejo Deliberante insistió con la sanción de la norma mediante el mecanismo previsto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, dejando firme la ordenanza pese al veto.
Ante esa situación, el Ejecutivo recurrió a la Suprema Corte bonaerense promoviendo un conflicto de poderes, al sostener que la iniciativa debió haber partido exclusivamente del Departamento Ejecutivo por involucrar recursos municipales, exenciones tributarias y previsiones presupuestarias futuras.
En la resolución conocida este jueves, la Corte consideró que el planteo corresponde a su competencia constitucional, corrió traslado al Concejo Deliberante para que una autoridad de este Departamento comparezca y conteste la demanda dentro de un plazo de cinco días, y dispuso la suspensión inmediata de los efectos de la ordenanza 12.148/26 y del decreto de insistencia que la ratificó.
La medida cautelar implica que la norma no podrá aplicarse mientras se sustancia el proceso judicial y hasta que exista una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión.
Si bien la Corte aún no se pronunció sobre la validez o invalidez definitiva de la ordenanza, la decisión representa un paso relevante en favor de la postura del Ejecutivo municipal, ya que el tribunal aceptó analizar el conflicto planteado y resolvió paralizar provisoriamente la vigencia de la norma cuestionada.
Ahora será el turno del Concejo Deliberante de responder jurídicamente los argumentos del Departamento Ejecutivo y defender la constitucionalidad de la ordenanza ante el máximo tribunal de la Provincia, que tendrá la última palabra en una controversia institucional que volvió a poner en discusión los límites de las atribuciones entre ambos poderes municipales.
El tema viene a cuento del posible tratamiento de otro veto que el DE dispuso recientemente a una ordenanza aprobada por mayoría en el HCD por el cual se afectan fondos relacionados al funcionamiento del Aeródromo local, y en vísperas del posible tratamiento de un proyecto de ordenanza que pretende también afectar recursos de la playa de estacionamiento de camiones de Quequén.
