Un decreto firmado este viernes 19 de junio convalida el boleto de compraventa, aprueba la rendición de cuentas del acto realizado el 10 de junio y reconoce como adjudicataria a la firma A Toda Vela Mar S.A. El expediente incorpora además la acreditación de pagos iniciales y fija el esquema para completar la operación
Por Jorge Gómez
La Municipalidad de Necochea formalizó este jueves una nueva instancia en el proceso de venta del Complejo Casino al dictar el decreto que aprueba la subasta pública realizada el pasado 10 de junio y convalida el conjunto de actuaciones administrativas desarrolladas con posterioridad al remate.
Se trata del Decreto Nº 1958/26, tramitado dentro del expediente Nº 1086/2025 – Cuerpo 2, mediante el cual el Departamento Ejecutivo deja firme el procedimiento iniciado tras la sanción de la ordenanza que autorizó la operación y consolida institucionalmente una de las decisiones patrimoniales de mayor magnitud para el distrito en los últimos años.
La resolución administrativa parte del acto de subasta realizado el 10 de junio y agrega ahora el paso que el propio esquema normativo había dejado pendiente: la aprobación expresa del Ejecutivo como condición necesaria para dejar perfeccionada la adjudicación.
En ese sentido, el decreto aprueba la rendición de cuentas presentada por la martillera pública Sandra Mariana Ortega, convalida el boleto de compraventa suscripto luego del remate y reconoce como adjudicataria definitiva a la firma A Toda Vela Mar S.A., que había resultado ganadora durante la puja.
Pero además del aspecto formal y jurídico, el decreto incorpora definiciones económicas concretas sobre cómo se instrumentará el ingreso de fondos derivados de la operación.
Según surge del texto oficial, el precio total de la venta quedó fijado en 4.870.800.000 pesos, correspondiente a la adquisición de las parcelas que integran el denominado Complejo Casino de Necochea y que permanecen sujetas a la constitución de la nueva división parcelaria prevista en la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante.
El decreto deja constancia de que una parte de ese esquema económico ya comenzó a ejecutarse.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente y validada por el Ejecutivo, la firma adjudicataria efectuó el depósito equivalente al 10 por ciento del precio de venta, es decir 487.080.000 pesos, monto previsto como anticipo para la ejecución del contrato y cuya acreditación fue considerada dentro de la revisión administrativa posterior a la subasta.
A ese movimiento financiero se suma el cumplimiento del pago correspondiente al impuesto de sellos, obligación vinculada a la formalización del boleto celebrado luego del remate.
La resolución también precisa cuál será el próximo desembolso previsto dentro del cronograma acordado.
En ese punto se establece que la empresa adjudicataria deberá abonar dentro del plazo de cinco días hábiles de notificada la suma de 731.700.000 pesos, equivalente al 15 por ciento del valor total de la operación, conforme lo estipulado en el boleto de compraventa registrado oficialmente.
De esa manera, entre el anticipo ya acreditado y el pago inmediato previsto por el contrato, comenzará a completarse el circuito financiero diseñado para la transferencia del inmueble.
El decreto reconstruye además el recorrido normativo que hizo posible llegar a esta instancia.
Recuerda que el origen político y administrativo del expediente se ubica en la sesión del Concejo Deliberante del 2 de diciembre de 2025, cuando fue aprobada la ordenanza Nº 12.009, que autorizó al Departamento Ejecutivo a avanzar con el mecanismo de subasta pública conforme el régimen establecido por el Decreto Ley provincial Nº 9.533/80.
Aquella norma fijó las condiciones generales de la venta y dejó establecido que la adjudicación obtenida en el remate requeriría una aprobación posterior del Ejecutivo para adquirir validez definitiva.
A partir de allí se sucedieron decretos reglamentarios, publicaciones oficiales, designaciones operativas y el procedimiento que concluyó con el acto de subasta.
El texto firmado señala además que la Secretaría de Legal y Técnica realizó una evaluación integral del expediente y concluyó que el procedimiento reunía las condiciones necesarias para avanzar con la aprobación definitiva.
En ese análisis se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ordenanza, la realización del remate, la firma del boleto y la acreditación de las obligaciones económicas exigidas para esta etapa.
Con este acto administrativo, el municipio considera concluida la fase vinculada al proceso de subasta y habilita el comienzo de una nueva etapa orientada al cumplimiento contractual y al desarrollo futuro del histórico frente costero.
La firma del decreto no implica el cierre político del debate sobre el destino del predio, pero sí representa un punto de inflexión administrativo: desde este viernes 19 de junio, la venta del Complejo Casino quedó formalmente aprobada por el Departamento Ejecutivo y el expediente ingresó en la etapa de ejecución efectiva de las obligaciones asumidas por la empresa adjudicataria.
