Patricia “Pachu” Aranda, integrante de la UTEP Necochea, cuestionó en Radio Noticias el accionar policial registrado en inmediaciones de avenidas 59 y 74. Denunció el retiro compulsivo de un vendedor ambulante, el decomiso de mercadería -banderas de Argentina- y pidió una intervención para evitar que se repitan situaciones similares
Una situación ocurrida durante los últimos días en una de las esquinas más transitadas de Necochea abrió una discusión sobre los límites de los controles en el espacio público y las condiciones de trabajo de quienes desarrollan actividades de subsistencia.
Este lunes 22 de junio, en el programa Voces de la Tarde que conduce Jorge Gómez por Radio Noticias Necochea, FM 97.3, fue entrevistada Patricia “Pachu” Aranda, integrante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) de Necochea, quien expresó cuestionamientos al procedimiento policial recientemente realizado sobre un vendedor ambulante que comercializaba banderas argentinas aprovechando el movimiento generado por los partidos de la selección de fútbol.
Según relató Aranda, el episodio ocurrió en inmediaciones de las avenidas 59 y 74, donde personal policial habría intervenido retirando al trabajador del lugar y secuestrando la mercadería.
De acuerdo con el relato brindado durante la entrevista radial, el procedimiento generó preocupación dentro de los espacios que representan a trabajadores de la economía popular, al considerar que la respuesta estatal fue desproporcionada frente a una actividad de venta informal.
“Lo que vimos fue una situación que no tendría que naturalizarse”, sostuvo Aranda durante el diálogo radial.
La referente señaló que detrás de este tipo de actividades existen situaciones económicas complejas y personas que encuentran en la venta ambulante una alternativa para generar ingresos.
“Hay familias que salen a trabajar como pueden y muchas veces lo hacen porque no tienen otra posibilidad laboral”, expresó.
Durante la nota, “Pachu” Aranda indicó además que, según la información recibida por la organización, no sólo se habría retirado al vendedor del lugar sino que también se produjo el decomiso de los productos que ofrecía.
En ese marco, afirmó que uno de los aspectos que más preocupación generó fue la modalidad del procedimiento.
“Nos informaron incluso que esta persona habría sido esposada. Son situaciones que merecen ser revisadas y que necesitan una explicación”, sostuvo.
La integrante de UTEP remarcó que el planteo realizado no busca desconocer facultades de control ni regulaciones sobre el uso del espacio público, pero sí abrir una discusión sobre los criterios con los que se interviene cuando se trata de personas que desarrollan actividades vinculadas a la economía popular.
“Una cosa es ordenar y otra muy distinta es actuar de una manera que termine vulnerando derechos o exponiendo a alguien que estaba intentando trabajar”, expresó.
En ese sentido, pidió que intervengan las áreas correspondientes para reconstruir lo sucedido y evaluar si el procedimiento se ajustó a los protocolos previstos.
Aranda también planteó la necesidad de generar ámbitos de diálogo que permitan encontrar alternativas para quienes sostienen ingresos mediante actividades informales.
“Necesitamos discutir soluciones de fondo. No puede ser que cada vez que aparece alguien intentando vender algo, la única respuesta sea retirarlo”, señaló.
La situación volvió a poner sobre la mesa un debate que aparece periódicamente en distintas ciudades que es cómo compatibilizar el ordenamiento del espacio público con el derecho al trabajo y las estrategias de supervivencia económica de sectores que desarrollan tareas fuera de los circuitos formales.
Desde la organización anticiparon que esperan que el hecho pueda ser analizado, incluyendo al área de Ordenamiento Urbano municipal, y que se establezcan mecanismos que eviten nuevas situaciones de conflicto.
