El secretario de Gobierno sostuvo que la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante invadía facultades exclusivas del Departamento Ejecutivo y, por ese motivo, el intendente Arturo Rojas resolvió vetarla. Además, adelantó que el municipio trabaja en un esquema de bonificaciones para aliviar la situación del sector comercial, habló de la compleja realidad financiera de la comuna, de las próximas paritarias con los trabajadores municipales y del escenario político que atraviesa la gestión
El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Necochea, Jorge Martínez, defendió la decisión del intendente Arturo Rojas de vetar la ordenanza que modificaba el régimen del estacionamiento medido y aseguró que el rechazo no responde a una diferencia con el objetivo de aliviar la situación de los comerciantes, sino a una cuestión estrictamente jurídica e institucional.
Durante una entrevista en el programa Voces de la Tarde que conduce Jorge Gómez por Radio Noticias Necochea, FM 97.3, el funcionario explicó que la norma sancionada por mayoría en el Concejo Deliberante excedía las atribuciones del cuerpo deliberativo al intervenir sobre competencias que corresponden al Departamento Ejecutivo.
«La discusión no está en la medida, sino en la legalidad y en la jurisdicción de la norma. Nadie está en contra de los comerciantes; al contrario, entendemos perfectamente la situación que atraviesan. Pero no podemos aplicar una ordenanza que jurídicamente resulta imposible de cumplir», afirmó.
Jorge Martínez recordó que el Ejecutivo ya había anticipado durante el tratamiento legislativo que la iniciativa terminaría siendo vetada por presentar los mismos vicios legales que otras ordenanzas cuestionadas recientemente.
«Son los mismos argumentos que utilizamos en otros vetos. El Concejo está avanzando sobre facultades propias del Departamento Ejecutivo y nosotros tenemos la obligación de defender la institucionalidad y respetar el marco jurídico vigente», sostuvo.
El funcionario remarcó que el sistema de estacionamiento medido mantiene congelada su tarifa desde 2024, fijada en 400 pesos, y consideró que la crisis que atraviesa el comercio local no puede atribuirse exclusivamente a ese servicio.
También recordó que uno de los objetivos centrales del estacionamiento medido es favorecer la rotación vehicular en el área comercial.
«Si a partir de las tres de la tarde los vehículos permanecen estacionados hasta la noche, se pierde precisamente el objetivo para el cual fue creado el sistema, que es facilitar la rotación y mejorar el acceso a los comercios», explicó.
No obstante, confirmó que el Departamento Ejecutivo trabaja en una alternativa para acompañar al sector comercial sin modificar la estructura tributaria ni vulnerar la normativa vigente.
«Estamos elaborando un paquete de medidas que contempla distintos mecanismos de bonificación. Son herramientas que podemos implementar desde el Ejecutivo y que no generan conflictos legales ni alteran el presupuesto aprobado», adelantó.
Según indicó, las propuestas podrían conocerse en los próximos días, una vez finalizado el análisis técnico y económico que realizan las distintas áreas municipales.
Por otra parte, Jorge Martínez también se refirió al delicado panorama financiero que enfrenta la administración municipal.
Reconoció que el pago del medio aguinaldo y de los salarios demandó un importante esfuerzo económico y advirtió que la caída de ingresos obliga a revisar permanentemente las prioridades presupuestarias.
«La olla se empieza a ver antes. Antes el fondo se veía en octubre; ahora ya lo estamos viendo en julio. Estamos trabajando con un presupuesto muy austero y priorizando salarios, salud, recolección de residuos y los servicios esenciales», señaló.
En ese contexto explicó que ya comenzaron a elaborarse tanto el presupuesto del próximo verano -seguridad en las playas- como el correspondiente al ejercicio 2027, con una fuerte restricción de recursos y evaluando cuidadosamente cada partida.
Incluso confirmó que el municipio analiza ampliar el operativo de guardavidas para la próxima temporada en sectores de creciente concurrencia, aunque reconoció que toda ampliación implica mayores costos que hoy resultan difíciles de afrontar.
Respecto de la relación con el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Jorge Martínez afirmó que el diálogo continúa abierto y que la semana próxima comenzarán las conversaciones paritarias.
Reconoció, además, los reclamos vinculados con la entrega de ropa de trabajo, borceguíes y equipamiento para el personal que desempeña tareas en la vía pública.
«Los trabajadores tienen razón cuando piden certezas. Todos los expedientes para la compra de indumentaria están iniciados y varias licitaciones privadas ya están en marcha. Lo que les pedimos son algunos días más para poder dar precisiones sobre los plazos», manifestó.
Explicó que la demora responde tanto a las limitaciones presupuestarias como a los procedimientos administrativos y a la necesidad de garantizar que los proveedores cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por el municipio.
En el plano político, el secretario de Gobierno volvió a cuestionar la actitud de la oposición en el Concejo Deliberante, donde Nueva Necochea cuenta con apenas cinco de los veinte concejales.
A su entender, varios proyectos impulsados por la mayoría opositora tienen como finalidad condicionar la gestión municipal mediante normas que luego resultan jurídicamente inviables.
«Nos ponen frente al vecino como si estuviéramos en contra de determinadas iniciativas, cuando en realidad estamos defendiendo la legalidad y dejando antecedentes institucionales que también servirán para futuras administraciones», expresó.
Finalmente, sostuvo que el reciente dictamen del Procurador General de la Suprema Corte bonaerense en el conflicto institucional por otra ordenanza fortaleció la posición jurídica que sostiene el Ejecutivo respecto de la división de competencias entre el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo.
Mientras aguarda el tratamiento legislativo del veto, el Departamento Ejecutivo apuesta ahora a presentar un esquema alternativo de beneficios para el comercio local que permita atender el reclamo del sector sin apartarse del marco legal que regula el funcionamiento de la administración comunal.
