(Artículo publicado en Ecos Diarios)
Planes municipales que requieren financiación extraordinaria -pavimentación en Quequén y luminarias LED para barrios populares- se exhiben bloqueados en la justicia
Por Jorge Gómez
En política no hay coincidencia que resista un análisis de presupuesto. Y en la gestión pública tener el plano sobre la mesa no garantiza el ladrillo en la calle. Cuando una administración municipal como la de Necochea logra tener a la vista, ya diseñado, un válido y apropiado plan de obras estructural -de esos que cambiarían la fisonomía de una ciudad en un plazo de un lustro- y, sistemáticamente, los flujos de fondos para financiarlos se exhiben bloqueados en la justicia, dejamos de hablar de lo que se conoce como «derecho procesal» para pasar al plano de encontrarse frente a una presumible y deliberada obstaculización política.
Y ahí está la siempre singular tarea judicial del doctor Carlos Alberto Herrera, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1. “Queriendo o no, asoma como un opositor de lo que se pretende realizar desde la actual gestión”, confió, café de por medio, bien tarde, por cierto, un importante secretario del Ejecutivo comunal.
Necochea atraviesa este fin de verano esa suerte de desierto. Una gestión con los planos de proyectos hechos y prestos, pero se halla con las manos atadas por esos que se sientan todo en día en cómodos escritorios -no comunales-, que parecen haber canjeado el bienestar del vecino por una posible ventaja electoral de cara a los impredecibles sucesos de 2027.
Un primer caso a citar es lo no recaudado de lo que se conoce como la “tasa portuaria”. Es, quizás, el ejemplo de cómo la judicialización de su aún pendiente cobranza puede vaciar de contenido el rol del pequeño y limitado Estado municipal.
Estamos hablando de un bache financiero que, según a quién se le consulte del Departamento Ejecutivo, ya sumaría casi 12 mil millones de pesos. La cuenta surgiría de poco más de 5 mil millones que la comuna no pudo cobrar en el ejercicio 2025 y aproximadamente 7 mil millones que se prevé colectar para 2026. Ambas partidas en la actualidad cuelgan de un hilo judicial. Estaría la excepción de una terminal que sigue interesada en abonarla. Charlas entre abogados.
¿Quién gana con este freno? Ciertamente no el vecino de Quequén. Esos fondos tienen, y así lo precisa el denominado “Programa de recuperación vial-circuito productivo”, un destino específico y urgente como es la pavimentación (de hormigón) y el bacheo de calles que están literalmente detonadas por el paso incesante de la logística exportadora, esa misma que es altamente positiva y reconocida por la economía lugareña. Dicho proyecto está presto al aguardo de la plata.
Que el puerto genere y propague sin parar riqueza y que el municipio de Necochea solo esté recogiendo el polvo y el deterioro de sus arterias -situadas en el radio urbano- es una suerte de “injusticia social” que la justicia, paradójicamente, pareciera estar blindando con sus medidas cautelares.
¿Hay una especulación política en este tema? Y si las máquinas no entran a esas arterias abatidas por el paso incesante de camiones en Quequén la consecuencia es que el malestar crece. Y si la molestia se estira ciertos sectores opositores a la vigente administración frotan sus manos pensando e imaginando el venidero calendario electoral.
Y la situación del Complejo Casino completa este cuadro de asfixia. El intendente Arturo Rojas propuso una salida pragmática: vender un activo en ruinas para financiar un plan generoso de iluminación LED a ejecutarse en los barrios populares, proyectado a cuatro años. “Esperábamos recaudar por la subasta 1.200 millones de pesos en 2026; y montos similares por los próximos tres años, sumando 4.800 millones de pesos”, se pudo establecer.
La iniciativa está dibujada y desarrollada en sendos planos que, al igual que el tema de las calles de Quequén, yace en las gavetas de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. Verle el semblante a su titular, Adrián Furno, es encontrar un funcionario que quiere hacer y no tiene con qué.
El propósito del programa es así: el alumbrado público de Necochea y Quequén sumaría 15.000 luminarias, 8.000 de las cuales cuentan con iluminación LED, en un programa llevado a cabo estos años.
La idea del intendente Rojas y su equipo es concretar un importante reemplazo de las que funcionan a sodio, reemplazarlas por LED y disponer de estas luminarias en aquellas calles lindantes y lejanas a las avenidas centrales, como así su colocación en barrios populares de ambas ciudades. Valor de la inversión, en cuatro años: 4.800 millones de pesos.
La presencia de un servicio lumínico de esta calidad no es solo estética urbana: es seguridad, es prevención del delito y dignidad para las familias que, no en todos los casos y calles, son de caminar entre sombras.
Sin embargo, pareciera que la «maquinaria del no» se puso en marcha. Sectores que durante años no ofrecieron una solución para el Casino se rasgan las vestiduras en los tribunales para impedir su venta. No son pocos en el DE que razonan que “se estaría cocinando por aquí una opción electoral para el año que viene”. Se verá.
Al frenar la subasta del Casino, no solo mantienen un edificio fantasma en la costanera necochense, sino que están apagando la luz LED en los barrios periféricos.
La pérdida de oportunidad es invaluable. Mientras los expedientes duermen el sueño de los justos en el aludido despacho, el costo de los insumos sube, la tecnología se desfasa y el vecino sigue esperando una mejora que ya estaba diseñada y financiada.
No hace falta ser un analista agudo para detectar cierto aroma a estrategia de desgaste. La lógica de los moradores de café parece ser simple: «Si Rojas no puede mostrar las luces LED y el asfalto nuevo, inevitablemente llegará debilitado a la elección comunal de 2027». Es la política del cuanto peor, mejor.
El problema de esta táctica es que el rehén de este escenario de tensiones es el habitante de Necochea. Se está sacrificando la calidad de vida de más de 100.000 personas en el altar de no tan desconocidas ambiciones. Y es más que posible que no logren construir una alternativa superadora en las urnas, pero entonces pareciera que deciden pretender gobernar desde las cautelares.
Timonear la cosa pública comunal con un «freno de mano judicial» no es solo un desafío administrativo, sino una lucha contra inquietantes objetivos políticos.
La Municipalidad tiene los proyectos, la capacidad técnica y la voluntad política de ejecutar lo consignado en estas líneas. Lo que faltaría al cuadro de referencia no es únicamente dinero sino una sociedad y una oposición que entienda que hay obras que deben estar por encima del barro en que se mueven los que levantan el dedo señalando hacia dónde se debe ir la “cosa pública”, pero, claro, habiendo esquivado el escrutinio democrático de los votos.
Porque cada día que una cautelar impide cobrar, por ejemplo, la tasa portuaria o vender el casino, es un día más que el vecino vive entre pozos y oscuridad. Y eso, más que una estrategia política, es un engaño (¿traición?) al interés público.
