(Columna política fechada en La Plata del periodista Ricardo Salas, corresponsal de La Nueva Provincia de Bahía Blanca)
Como una nube cargada de demandas, la gestión bonaerense de Axel Kicillof volvió a descargar distintos planteos económicos sobre el Gobierno nacional. Los puentes de diálogo institucionales y políticos entre ambas administraciones están rotos y cargados de contrariedades. Por eso, la Gobernación decide insistir con sus reproches abandonando cualquier tipo de zona gris. Y ya no se trata sólo de Kicillof: un abundante grupo de intendentes se sienten “ahogados económicamente” por el presidente Javier Milei y su plan de ajuste fiscal.
Ante la sucesión de dificultades económicas, no pocos alcaldes coinciden en señalar una cuestión “muy perversa” detrás de una decisión política que los está llevando al “límite de la desesperación” por la situación de caja en medio una creciente demanda de contención social.
Kicillof reclama vía judicial ante la Corte que Milei devuelva los fondos que le confiscó a la Provincia. Según ministros bonaerenses esa deuda, ya supera los 22 billones de pesos en concepto de deudas por fondos coparticipables y freno de obra pública con financiamiento que la gestión libertaria decidió cortar con la motosierra.
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A partir de la caída de la coparticipación, a no pocos actores de la vida política distrital no les disgusta -en “off”- la posibilidad de que la PBA vuelva a implementar una cuasimoneda para afrontar los gastos cotidianos. En otras palabras, volver a los Patacones que circularon entre 2001 y 2002.
Un posible debate sobre este tema sería todo un desafío político para Kicillof. Los libertarios podrían lanzar una catarata de imputaciones sobre la gestión bonaerense, acusándola de una “mala administración del gasto público”.
Del otro lado del mostrador podrían responder que, ante la decisión presidencial de cerrar la canilla de recursos, no quedaría otra alternativa que imprimir una moneda provincial para reactivar las economías regionales ante las consecuencias económicas y sociales de la administración libertaria e intentar paliar así la situación límite de los municipios.
Se trata de una nueva disputa política que le permitiría al Gobernador polarizar, no sólo discursivamente, con Milei, sino también demostrar públicamente que no le queda otra jugada más que ésa, ante las adversidades económicas que le pone la Casa Rosada.
Claro que también, una decisión de semejante dimensión política y económica llevaría sin escalas la precandidatura presidencial de Kicillof a un escenario nada confiable. No podemos obviar que, en medio de un escenario de estancamiento económico y creciente malhumor social por denuncias judiciales de “alto voltaje político”, el Gobierno nacional pasado de revoluciones y con un andar errático en los últimos tiempos, parece comenzar a evaluar la posibilidad de adelantar las presidenciales 2027.
En ese contexto, muchos alcaldes esperan con expectativa la asistencia extraordinaria que pueda destrabar la Provincia en medio del ring político con la Nación: Kicillof prometió el envío de recursos a las intendencias si logra que Milei pague la deuda con el Estado bonaerense. Incomprobable por ahora.
Pero la señal fue contundente: la caída de la actividad económica, la baja en la recaudación y el recorte de transferencias ya no sólo golpean los números de caja de la PBA, sino también a municipios de distintos colores políticos. “Estamos afrontando el desastre que generan las políticas nacionales”, puntualizó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
En paralelo existe una fragancia inconfundible a una discusión estratégica ante un año marcado por las definiciones en las reglas electorales de cara al año próximo, tanto dentro del oficialismo peronista como dentro del arco opositor bonaerense.
Antes de las elecciones de renovación legislativas de 2025 en la Provincia, la Gobernación dejó de lado cualquier otro tipo de discusión y se dedicó exclusivamente a cambiar el sistema electoral en función de los cambios establecidos a nivel nacional.
Pero ahora en ámbitos legislativos procurar prohibir cualquier tipo de reforma electoral durante los años en que se vota, ya que ese tipo de cambios puede alterar el equilibrio de poder y afectar tanto a las estructuras partidarias como a la participación ciudadana. La intención, según dicen, es garantizar previsibilidad y evitar que las reglas de votación se modifiquen por “conveniencia política”. La movida parlamentaria vuelve a poner sobre la mesa la discusión por el sistema electoral cuando ya circulan ideas para suprimir definitivamente o suspender otra vez las PASO o implementar la Boleta Única de Papel, como pretenden los libertarios para obtener todo el rédito político en territorio bonaerense, y que, según la Gobernación, no implica un ahorro económico.
Por el contrario, sostienen que, en base a comparaciones con la elección nacional, este sistema resultaría “el doble de caro” que continuar utilizando la tradicional boleta sábana en la PBA.
Dentro del PJ también sobrevuelan debates internos ante la instalación mediática del modelo electoral venidero, y por supuesto, la normativa de reelecciones de los intendentes.
Un dato que despertó atención sobre las diagonales, coincidió con la visita territorial de Kicillof en la localidad chavense de De la Garma para entregar viviendas y equipamiento para seguridad. Justamente, a mitad de semana se filtró como novedad la imprevista renuncia del exintendente Marcelo Santillán al Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Al parecer, la dimisión tendría que ver con su decisión de iniciar trámites jubilatorios.
