Mientras algunos sectores estratégicos de la economía aparecen como los principales beneficiarios del nuevo esquema económico nacional, las ciudades enfrentan el desafío de sostener servicios y contener la creciente demanda social
Por Jorge Gómez
El actual escenario económico argentino muestra una paradoja que los intendentes observan con preocupación. Mientras el Estado nacional reduce su presencia en numerosas áreas sociales, algunos sectores de la economía aparecen como los principales beneficiarios del nuevo esquema económico.
Se trata fundamentalmente de cuatro grandes áreas productivas que concentran buena parte de las expectativas de crecimiento. Son la minería, el complejo agroexportador, el sector energético -especialmente el petróleo y el gas- y el sistema financiero.
Son actividades fuertemente vinculadas al mercado internacional, con gran capacidad de generación de divisas y que, en muchos casos, requieren menor intervención estatal directa en términos de políticas territoriales.
Sin embargo, el crecimiento potencial de esos sectores no necesariamente se traduce de manera automática en mejoras para las economías locales o para los municipios que deben sostener los servicios básicos de millones de ciudadanos. Ni hablar de la captación de puestos de trabajo, muy pero muy por debajo de la demanda laboral que se plantea en miles de familias argentinas.
En la Provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof intenta sostener parte de los programas que antes financiaba la Nación. Pero la magnitud de los recursos necesarios supera ampliamente la capacidad fiscal provincial.
Muchos intendentes admiten que la situación actual supera incluso las dificultades que se vivieron durante la pandemia de COVID-19.
En aquel momento existía un fuerte acompañamiento financiero del Estado nacional para sostener sistemas de salud y programas sociales. Hoy el escenario es diferente. La Nación se ha retirado de numerosos frentes y la responsabilidad de contener la crisis queda concentrada en provincias y municipios.
Una parte importante de la sociedad respaldó en 2023 una propuesta política que cuestionaba profundamente el tamaño y el rol del Estado. Esa decisión electoral comienza ahora a mostrar sus consecuencias en el territorio.
Porque cuando el Estado se retira de los territorios, el impacto no se mide en debates teóricos ni en indicadores macroeconómicos. Se mide en obras que no se terminan, en medicamentos que no llegan y en familias que golpean cada vez con más frecuencia la puerta del municipio.
Y en esa puerta -la más cercana a la vida cotidiana de los ciudadanos- los intendentes empiezan a sentir que el país atraviesa un momento nuevo, o sea el tiempo en que las municipalidades quedaron prácticamente solas frente a la demanda social.
