El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, encabezó este miércoles en San Martín una actividad junto a empresarios, sindicatos, universidades y organismos técnicos para denunciar el cierre de 25 mil PyMEs desde la llegada de Javier Milei al gobierno y reclamar la declaración de la emergencia nacional para el sector.
La convocatoria se realizó en el Parque Yrigoyen y reunió al intendente de San Martín, Fernando Moreira, representantes del INTI, de la UNSAM, cámaras empresarias, asociaciones gremiales y sindicatos, quienes firmaron un documento conjunto y anunciaron un plan de acción federal para impulsar medidas de asistencia a las pequeñas y medianas empresas.
“Estamos en una de las ciudades industriales de nuestra provincia para frenar la destrucción del país, del tejido productivo, de la universidad y de lo que necesitamos para pensar una Argentina para todos. Son 25.000 PyMEs fundidas por Milei”, sostuvo Katopodis durante el acto.
El ministro bonaerense afirmó además que “Milei solo trabaja para los ricos y destruye a la industria nacional” y reclamó “que se pare la avalancha de productos importados y se tomen medidas en favor del trabajo argentino”.
Un ritmo de cierre récord en tres décadas
Según el relevamiento difundido por el Instituto Argentina Grande (IAG), el país atraviesa “el peor proceso de destrucción de empresas de los últimos 30 años”. El informe señala que entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 cerraron definitivamente 24.437 PyMEs, aunque proyecta que al finalizar mayo la cifra superará las 27 mil firmas.
Los datos indican que desaparecieron en promedio 31 empresas por día, más de una por hora, con un promedio mensual superior a las mil compañías cerradas durante el último semestre relevado.
El estudio también remarca que el actual proceso supera incluso los niveles de destrucción empresaria registrados durante la pandemia de COVID-19 y durante toda la gestión de Mauricio Macri.
Entre los sectores más afectados aparecen transporte y almacenamiento, con 6.193 firmas menos; comercio y reparación de vehículos, con 5.794 cierres; servicios inmobiliarios, con 3.555; e industria manufacturera, con 3.073 empresas menos.
Más de 200 mil empleos perdidos
El deterioro productivo también impactó sobre el empleo registrado. El informe del IAG sostiene que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 se destruyeron 205.680 puestos de trabajo privados formales, equivalentes a 254 empleos perdidos por día.
La construcción encabeza la caída, con más de 59 mil empleos menos, seguida por el sector textil, los servicios empresariales y la metalmecánica.
La provincia de Buenos Aires aparece como el distrito más golpeado, con 5.374 PyMEs cerradas y más de 73 mil empleos privados registrados destruidos. Córdoba y Santa Fe completan el podio de las jurisdicciones con mayores pérdidas en términos absolutos.
Además del cierre de empresas, el trabajo advierte sobre una fuerte caída del poder adquisitivo. Los salarios privados registrados acumulan una baja real superior al 6% respecto de 2023, mientras que las jubilaciones mínimas perdieron más del 13% desde el inicio de la gestión libertaria.
El diagnóstico empresario: tarifas, importaciones y caída del consumo
El documento firmado durante la actividad responsabiliza directamente a las políticas económicas nacionales por la crisis del sector productivo y enumera una serie de factores que afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Entre ellos se mencionan la apertura de importaciones, que elevó un 35% el ingreso de bienes de consumo importados; el aumento de tarifas de servicios públicos, que alcanzó subas promedio del 750%; las altas tasas de interés; la paralización de la obra pública y la caída del consumo interno producto del deterioro salarial y jubilatorio.
También cuestionaron el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y otras medidas que, según denunciaron, benefician a grandes grupos económicos mientras las PyMEs carecen de políticas específicas de financiamiento y protección.
“El cierre de empresas y la destrucción de empleo no responden a una crisis aislada, sino a un modelo económico que concentra beneficios en sectores financieros y extractivos mientras debilita la producción nacional”, plantearon los firmantes.
Reclamo de emergencia nacional
Durante la actividad se impulsó la idea de declarar la emergencia PyME en los 2.300 municipios del país y avanzar en un paquete de medidas que incluya financiamiento específico, programas de regularización impositiva y una política comercial “inteligente” que permita importar bienes de capital e insumos sin afectar a la producción local.
También reclamaron cambios en la política de ingresos para recuperar el mercado interno. “Sin dinero en los bolsillos de trabajadores y jubilados no hay empresas que puedan sostenerse”, advirtieron desde las cámaras y asociaciones participantes.
