El secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Necochea repasó el estado administrativo de la venta del Complejo Casino, habló sobre un eventual reclamo por perjuicios económicos derivados de la suspensión judicial del remate y anticipó definiciones del Ejecutivo sobre ordenanzas recientemente aprobadas por el Concejo Deliberante
Este miércoles 1 de julio, en el programa Voces de la Tarde que conduce Jorge Gómez por Radio Noticias Necochea, el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Necochea, doctor Ernesto Povilaitis, abordó distintos temas de la agenda política e institucional del distrito, por citar el proceso posterior a la subasta del Complejo Casino, la posibilidad de reclamar daños por la suspensión judicial que postergó el remate, los vetos que prepara el Departamento Ejecutivo y el alcance del dictamen de la Procuración General bonaerense en el conflicto de poderes planteado entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante.
Sobre el futuro inmediato del Complejo Casino, Povilaitis explicó que la operación continúa dentro del esquema previsto por la ordenanza que autorizó la venta. “El procedimiento es el que está fijado en la ordenanza”, expresó. Detalló que, luego de la firma del boleto de compraventa entre el municipio, la martillera y la empresa adjudicataria, se produjo el depósito inicial y posteriormente la aprobación formal mediante decreto.
Según precisó, el adquirente ya integró el 25% del valor total de la operación. “La empresa pagó el 25% quedando el saldo del 75% del precio convertido a dólares estadounidenses y que va a ser abonado en cuatro cuotas anuales”, manifestó.
El funcionario indicó que, una vez registrado el ingreso de esos fondos por parte de Tesorería, el municipio avanzará con la entrega de la tenencia del inmueble. “En estos días se estará entregando la tenencia del Complejo Casino”, sostuvo.
Respecto del funcionamiento cotidiano del predio, aclaró que los servicios comenzaron a quedar bajo responsabilidad del comprador desde el momento previsto en la normativa. “La Municipalidad ya dejó de pagar los servicios que pagaba, puntualmente el consumo eléctrico”, señaló, y estimó que el gasto rondaba los 20 millones de pesos mensuales.
En cuanto al personal municipal que aún permanece afectado al lugar, explicó que será reubicado una vez concretada la entrega formal de la tenencia.
Consultado por el destino de los recursos obtenidos en la venta, recordó que la ordenanza establece afectaciones específicas y señaló que el Ejecutivo ya trabaja sobre ese esquema.
“Está trabajando la Secretaría de Obras Públicas con el plan de obras que se van a ejecutar con ese dinero”, indicó. Agregó que la intención política es que las futuras intervenciones “impacten en todas las ciudades y no queden focalizadas en un único sector”.
Uno de los momentos centrales de la entrevista estuvo vinculado con la posibilidad de que el municipio impulse acciones para recuperar costos derivados de la suspensión del remate originalmente previsto para febrero.
Ernesto Povilaitis sostuvo que la interrupción del proceso produjo perjuicios concretos para el municipio. “Todos los necochenses se vieron perjudicados con la suspensión de la subasta”, afirmó.
Como ejemplo, explicó que la demora modificó el tipo de cambio utilizado para convertir el saldo pendiente de pago y aseguró que ello produjo una diferencia económica.
“El día 10 de febrero el dólar cotizó 1.425 pesos y el día 9 de junio cotizó 1.460. En ese lapso todos los necochenses perdieron 61.500 dólares”, puntualizó.
Pero aclaró que ese cálculo representa solamente una parte del eventual daño económico.
También mencionó el mantenimiento del personal asignado al lugar y la continuidad de gastos operativos y servicios durante los meses de suspensión.
Ante la consulta sobre si el municipio avanzará judicialmente contra quienes promovieron la acción que detuvo el remate, respondió que “es lo que corresponde”. Y agregó que “quien demandó suscribió una declaración jurada siendo responsable por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la medida”.
En otro tramo de la entrevista, el funcionario confirmó que el Ejecutivo prepara vetos sobre dos ordenanzas recientemente aprobadas por mayoría en el Concejo Deliberante.
Sobre la vinculada al maltrato animal, adelantó que “en principio va a ser vetada parcialmente”. Respecto de la ordenanza relacionada con el estacionamiento medido, sostuvo que el análisis continúa, aunque señaló que también avanzaría un veto.
“El problema de esas ordenanzas es que, aun cuando no sean vetadas, están mal revestidas”, expresó. No obstante, aclaró que el área de Gobierno continúa trabajando en alternativas vinculadas al sector comercial y en un esquema de bonificaciones.
Finalmente, Ernesto Povilaitis se refirió al dictamen emitido por la Procuración General bonaerense dentro del conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante.
Sostuvo que el pronunciamiento acompañó el planteo del Ejecutivo respecto de los límites competenciales entre ambos poderes. “El Procurador se fundamenta también en lo que tiene dicho la Suprema Corte desde hace muchos años”, manifestó.
Y concluyó con una definición política e institucional sobre el escenario abierto, consultado sobre si el oficialismo lo considera una victoria, para lo cual dio que cuenta “más que una victoria, es preocupante que se avance con mecanismos que después terminan siendo observados por cuestiones de legalidad”.
