En una reciente nota -ver video adjunto- manifestó que “antes teníamos la representación a través del Concejo Deliberante, pero ahora ya no la tenemos”
Las declaraciones públicas de la ambientalista Susana Laborde, formuladas tras la decisión del juez marplatense Carlos Herrera de hacer lugar al recurso de amparo que frenó la subasta del Complejo Casino, configuran un cuadro de gravedad institucional que excede largamente el debate ambiental y se interna de lleno en el cuestionamiento al sistema democrático de Necochea.
Laborde sostuvo que “no podemos seguir dejando nuestra ciudad en manos de los que están en la Municipalidad, que además ya vemos cómo funciona, porque antes teníamos la representación a través del Concejo Deliberante, pero ahora ya no la tenemos”.
Desde una perspectiva constitucional y del derecho público estas expresiones implican un desconocimiento explícito de las instituciones básicas del sistema democrático municipal: el Departamento Ejecutivo, encabezado por un intendente elegido por el voto popular, y el Concejo Deliberante, integrado por representantes de distintas fuerzas políticas que también accedieron a sus bancas mediante el sufragio de los ciudadanos del distrito de Necochea.
Resulta jurídicamente inaceptable sostener que la ciudadanía “ya no tiene representación” cuando el órgano deliberativo continúa funcionando con plena vigencia constitucional y legal.
Las ordenanzas que rigen la administración comunal surgen de un cuerpo colegiado plural, electo conforme a la Constitución Provincial y a la Ley Orgánica de las Municipalidades. Negar esa realidad no constituye una opinión política, sino que implica una negación del sistema con el cual nos organizamos como comunidad.
Más preocupante aún es el contenido conceptual de los dichos.
Se sugiere que las decisiones adoptadas por autoridades democráticamente elegidas carecen de legitimidad, instalando un mensaje implícito de desobediencia institucional y una peligrosa invitación a sustituir los mecanismos republicanos por formas de “representación” autoproclamadas.
En un Estado de Derecho, los conflictos ambientales —legítimos y necesarios— deben canalizarse dentro de los mecanismos que la propia democracia establece.
Lo que resulta absolutamente inadmisible es utilizar una presunta causa ambiental como excusa para deslegitimar a las autoridades elegidas por el pueblo y desacreditar al sistema representativo en su conjunto, promoviendo una visión donde las decisiones públicas dejan de surgir de las instituciones para quedar en manos de sectores autoproclamados como únicos intérpretes del interés colectivo.
El planteo de Laborde no se limita a cuestionar una política pública concreta, sino que avanza sobre el principio mismo de soberanía popular, al desconocer la autoridad tanto del Ejecutivo como del Concejo Deliberante.
Este tipo de discursos, amplificados desde algunos sectores, erosionan la confianza pública en las instituciones y fomentan un clima propicio para el vaciamiento del Estado como estructura legal de decisión.
La gravedad de estas expresiones amerita, como mínimo, un pronto pronunciamiento institucional del Concejo Deliberante en su conjunto. Igualmente debería expresarse el otro Departamento comunal: el Ejecutivo.
No se trata de defender una ordenanza ni una subasta en particular, sino de preservar el valor esencial de la democracia representativa.
El silencio frente a una deslegitimación tan directa del sistema institucional podría interpretarse como tolerancia frente a un discurso que promueve la desaparición del Estado como marco legítimo de resolución de los conflictos públicos.
Desde su presidente hasta cada uno de los concejales, así como los representantes de todas las fuerzas políticas podrían expresarse y manifestarse con claridad de que en Necochea las decisiones se toman dentro del marco de la ley y a través del pleno funcionamiento de los órganos electos por el pueblo, y no mediante la negación de las instituciones que se conforman a través del voto popular.
La crítica es un derecho. La judicialización de un acto administrativo también. Pero instar, directa o indirectamente, a desconocer las instituciones democráticas constituye una falta de una extrema gravedad cívica.
La defensa del ambiente no puede transformarse en un argumento para justificar un régimen donde las decisiones públicas se adopten de manera unilateral y al margen del orden constitucional.
La democracia no admite atajos. Y mucho menos admite que se la declare inexistente cuando sus resultados no coinciden con una postura sectorial.
