Por Jorge Gómez
La Municipalidad de Necochea volvió a quedar en el centro del debate público a partir de la decisión de avanzar con la venta por subasta pública del histórico Complejo Casino. El tema, cargado de simbolismo urbano y político, llegó a la Justicia y dio lugar a un extenso escrito presentado ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo local, en el marco de la causa “Laborde María Susana c/ Municipalidad de Necochea”.
El documento, firmado por el abogado Ernesto Povilaitis Giovazzino en representación del municipio, responde a un oficio judicial que requería información detallada sobre la “realización” de la Ordenanza Nº 12.009/25 y los decretos que habilitan la subasta del emblemático inmueble.
Desde el inicio, el escrito deja en claro que la Municipalidad entiende la “realización” de la ordenanza en un sentido estrictamente jurídico y administrativo: sancionar la norma, dictar los decretos reglamentarios y ejecutar el procedimiento conforme a la legislación vigente. Bajo esa interpretación, sostiene que no existe irregularidad alguna.
La Ordenanza Nº 12.009/25 autoriza al Departamento Ejecutivo a vender mediante subasta pública los inmuebles que integran el denominado Complejo Casino de Necochea, un conjunto edilicio que ocupa una zona estratégica del frente costero de la ciudad. La operación se encuadra en la Ley Orgánica de las Municipalidades y en el Decreto-Ley Nº 9533/80, que regulan la enajenación de bienes del dominio privado municipal.
El escrito detalla que la ordenanza establece una nueva división parcelaria, fija condiciones para los oferentes, define obligaciones para el eventual comprador y otorga a la norma prelación sobre cualquier ordenanza anterior que pudiera entrar en conflicto. En ese marco, solo permanecen vigentes algunos artículos de la Ordenanza Nº 10.239/20, vinculados principalmente a usos urbanísticos.
Uno de los puntos centrales del documento es la explicación sobre el estado actual del Complejo Casino. Según se expone, el inmueble se encuentra en una situación de deterioro extremo, producto de décadas de abandono, falta de mantenimiento y tres incendios de gran magnitud ocurridos en 1978, 2001 y 2020. Parte de las estructuras, incluido el auditorio, presentan daños severos, algunos considerados irreversibles.
La Municipalidad argumenta que la recuperación integral del complejo resulta económicamente inviable con recursos propios. Por ese motivo, se optó por la venta a capitales privados como única alternativa realista para poner fin al estado ruinoso del lugar y promover su puesta en valor.
En ese contexto, el Banco de la Provincia de Buenos Aires realizó una tasación oficial del inmueble. El informe valuó el Complejo Casino en aproximadamente 3.750 millones de pesos considerando los indicadores urbanísticos actuales, y en más de 6.500 millones de pesos si se toman en cuenta indicadores urbanísticos potenciales, aún sujetos a aprobación provincial.
Sobre la base de esa tasación, y aplicando las facultades previstas por la normativa vigente, la ordenanza fijó el precio base de la subasta en 4.878 millones de pesos. El procedimiento contempla además beneficios e incentivos destinados a atraer inversores, teniendo en cuenta el alto costo, el riesgo y el largo plazo de recupero que implicaría el proyecto.
El escrito también aclara que cualquier modificación de usos del suelo o indicadores urbanísticos debe ser convalidada por los organismos provinciales competentes, en particular en materia ambiental y de ordenamiento territorial. En ese sentido, se encuentran en trámite los expedientes correspondientes ante la Provincia de Buenos Aires.
Desde una perspectiva institucional, el municipio remarca que la subasta pública garantiza transparencia, igualdad de oportunidades y un precio acorde al mercado, y que se trata de un mecanismo ampliamente utilizado por otros municipios bonaerenses como Tandil, Balcarce o San Cayetano.
Finalmente, el documento adopta un tono político al señalar que la decisión de vender el Complejo Casino responde a un interés colectivo: recuperar una zona clave de la ciudad, mejorar el paisaje urbano, reducir riesgos para la seguridad pública y generar recursos para obras y servicios esenciales.
La Municipalidad sostiene que la alternativa no es entre vender o conservar el complejo tal como está, sino entre avanzar hacia una transformación profunda o perpetuar el abandono. En ese dilema, el Ejecutivo y el Concejo Deliberante optaron por una salida que, aseguran, cumple con la ley y apunta a reactivar uno de los espacios más emblemáticos de Necochea.
