Presentó un recurso directo ante la Cámara y solicitó una medida cautelar para suspender los efectos de una resolución que le ordena eliminar de la factura eléctrica el cargo previsto en la Ley provincial 11.769.
Por Jorge Gómez
—————
La Usina Popular Cooperativa de Necochea presentó un recurso directo contra la Resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación.
También impugnó la disposición posterior que le impuso un apercibimiento por incluir en la factura eléctrica determinados cargos.
La sanción fue dictada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.
El organismo nacional consideró que algunos conceptos facturados eran “ajenos” al servicio eléctrico.
Entre ellos mencionó el Fondo Compensador Tarifario previsto en el artículo 45 de la Ley 11.769 bonaerense.
La Cooperativa ya retiró de la boleta dos tasas municipales cuestionadas.
Sin embargo, mantiene el reclamo por el Fondo Compensador.
Sostiene que ese cargo no es ajeno al servicio, sino parte esencial del régimen tarifario provincial.
El Fondo fue creado para equilibrar costos entre distribuidoras y garantizar tarifas uniformes.
Según la presentación, su eliminación afectaría la ecuación económica del sistema eléctrico bonaerense.
El recurso fue interpuesto en el marco del artículo 45 de la Ley de Defensa del Consumidor.
La entidad solicita que el expediente sea elevado a la Cámara competente.
Además, pidió una medida cautelar para suspender los efectos de la sanción.
Argumenta que existe verosimilitud del derecho y peligro en la demora.
La Cooperativa afirma que la resolución nacional invade competencias provinciales.
Cita el artículo 121 de la Constitución Nacional sobre autonomía provincial.
Sostiene que la regulación del servicio eléctrico corresponde a la Provincia de Buenos Aires.
Y que la facturación se ajusta a lo autorizado por el OCEBA.
En el escrito se menciona que el Fondo representa entre el 3% y 3,5% de la facturación anual.
Su exclusión generaría un déficit inmediato.
Indica que más del 84% de los costos del servicio son fijos.
Entre ellos, la compra de energía, salarios y mantenimiento de redes.
Advierte que la única alternativa sería aumentar el Valor Agregado de Distribución.
Eso impactaría directamente en unos 48.500 usuarios locales.
La entidad plantea que se encuentra ante un “conflicto de deberes”.
Si acata la orden nacional, podría incumplir la normativa provincial.
Si no lo hace, quedaría expuesta a nuevas sanciones.
El recurso también cuestiona la razonabilidad del acto administrativo.
Afirma que la resolución desconoce el marco regulatorio específico del servicio público.
Y que altera el esquema de financiamiento previsto por ley.
La Cooperativa sostiene que la información en la factura es clara y detallada.
Niega que exista vulneración a los derechos de los consumidores.
Plantea la nulidad del acto por incompetencia y arbitrariedad.
También dejó planteada la reserva del caso federal.
El escrito solicita la intervención del Ministerio de Infraestructura bonaerense y del OCEBA.
Ambos organismos son autoridad de aplicación del régimen eléctrico provincial.
La Cámara deberá resolver ahora sobre la admisibilidad y la cautelar solicitada.
El caso abre un nuevo capítulo en la tensión entre Nación y Provincia por la regulación de servicios públicos.
Y pone en debate el alcance del control nacional en materia de facturación eléctrica.
