La jueza 41 Penal del Circuito de Bogotá denegó la solicitud de preclusión hecha por la Fiscalía en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno; pese a que ya es la segunda vez, el órgano judicial anotó que una vez más apelará la decisión.
Sin embargo, para muchos juristas es probable que se esté agotando la posibilidad de que el líder del Centro Democrático sea absuelto y tenga que afrontar un juicio, en el que finalmente sea hallado culpable o inocente. Aquí le contamos lo que sigue tras la respuesta de la justicia, que señaló que hay las suficientes pruebas para continuar con el proceso.
“Contrario a lo aseverado por el señor Fiscal, sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva, descrita en al artículo 444A de soborno en actuación penal, sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe”, dijo la jueza Laura Barrera donde dejó en pie la decisión de que el proceso judicial debe continuar.
De acuerdo con lo señalado por el profesor en derecho penal Ricardo Burgos, en una entrevista con la W Radio, tras dos negativas, de parte de dos tribunales diferentes, en este caso, el mejor camino para la Fiscalía sería formalizar la imputación de cargos en contra del exmandatario.
“Volver a pedir una preclusión que sería algo desafortunado con los dos antecedentes anteriores de dos jueces que han decidido no precluir o radicar un escrito de acusación en donde llevarían por primera vez en la historia a un expresidente a juicio”, señaló el penalista, que también, explicó que para solicitar una tercera preclusión el ente judicial debe, además, agregar nuevas pruebas que le permitan montar un caso diferente.
En esa misma línea, el también docente de derecho Marlon Díaz señaló que:
“Es difícil que la Fiscalía pueda presentar más preclusiones, es casi imposible. Se requerirían elementos novedosos en el caso, que parece bastante complejo obtener”.
La posibilidad de que el exmandatario tenga que afrontar un juicio en su contra es un hito histórico, ya que ninguno de los expresidentes tuvo que hacerle frente a la justicia por un hecho cometido por fuera de la protección que le brinda el fuero presidencial.
La situación judicial que vive Uribe inició en septiembre de 2020, cuando fue imputado por fraude procesal y soborno en actuación penal por la Corte Suprema de Justicia, luego de que la defensa del senador Iván Cepeda mostrará pruebas de que el líder de derecha habría intentado manipular a los testigos del caso de los crímenes de lesa humanidad cometidos en los municipios del nordeste antioqueño dado a conocer por Cepeda.
En primero lugar, luego de que se determinará que las pruebas eran suficientes para abrir un caso, el expediente de Uribe estuvo en el despacho de la magistrada Cristina Lombana; sin embargo, pasó a manos del togado César Reyes debido a que la primera fue subalterna del exjefe de Estado.
Reyes decidió continuar con la investigación y tras analizar el material probatorio, impuso la medida de aseguramiento en la residencia del exmandatario, en su finca El Ubérrimo, lo que generó la renuncia de Uribe al Senado y su caso pasó a la Fiscalía.
En marzo de 2021, el fiscal Gabriel Jaimes solicitó que la investigación que adelantaba la Corte Suprema fuese precluida, pero fue denegado, aunque se le quitó la medida preventiva de casa por cárcel. Luego, en la segunda apelación hecha por el fiscal Javier Cárdenas, se volvió a denegar la solicitud, pero el proceso continúa.
