El municipio que conduce Miguel Gargaglione iniciará acciones judiciales para reclamar fondos adeudados por una obra de cloacas ejecutada bajo convenio con Nación. La deuda original era de 36 millones de pesos, pero actualizada por inflación ya supera los 160 millones. Desde la comuna vecina aseguran que agotaron todas las instancias administrativas y que el reclamo “es una obligación con los vecinos”
La Municipalidad de San Cayetano decidió avanzar judicialmente contra el Gobierno nacional por el incumplimiento en el pago de una obra pública ejecutada bajo convenio durante la gestión anterior. Se trata de una deuda que originalmente rondaba los 36 millones de pesos y que, con actualización inflacionaria, ya supera los 160 millones.
La confirmación llegó de boca de la secretaria de Gobierno y Hacienda del municipio, Melisa Eriksen, quien explicó en diálogo con el programa Voces de la Tarde, de Radio Noticias Necochea, los motivos que llevaron a la comuna a contratar abogados externos para iniciar una demanda contra el Estado nacional.
“Es una obligación tanto del intendente como de la gestión reclamar las deudas”, sostuvo la funcionaria, al explicar que el municipio de San Cayetano afrontó con recursos propios el pago de una obra de cloacas que había sido conveniada con Nación, pero cuyo último certificado jamás fue abonado.
Según detalló Eriksen, el esquema funcionaba de manera habitual y que consistía en que el municipio ejecutaba la obra, pagaba a la empresa adjudicataria y luego remitía la documentación correspondiente al Gobierno nacional para recuperar los fondos comprometidos mediante convenio. Sin embargo, eso dejó de ocurrir.
“El último certificado fue en septiembre de 2024. A partir de ahí se comenzaron a hacer todos los intentos para cobrarlo, pero llega un momento en el que no queda otra alternativa que la vía judicial”, señaló.
La funcionaria aclaró que antes de avanzar con la demanda existieron múltiples gestiones administrativas e incluso conversaciones políticas encabezadas por el propio intendente Gargaglione con funcionarios nacionales.
Según contó, hace apenas una semana el jefe comunal volvió a plantear la situación ante autoridades nacionales y recibió una respuesta que interpretaron como una validación del camino elegido. “Le dijeron que era lo correcto” la instancia judicial, acotó la secretaria.
Para el municipio, el reclamo excede cualquier posicionamiento político frente al Gobierno de Javier Milei y responde, según remarcan, a una responsabilidad institucional. “No es una cuestión de estar en contra del Gobierno nacional. Es una obligación reclamar lo que corresponde a todos los sancayetanenses”, remarcó Eriksen.
La decisión también implicó la contratación de profesionales especializados en litigios contra el Estado nacional. La secretaria explicó que la causa requiere abogados matriculados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con experiencia específica en la materia, además de domicilio legal en Capital Federal, condiciones necesarias para tramitar la demanda.
“Siempre digo que una buena defensa no asegura resultados, pero es fundamental”, sostuvo.
El reclamo se produce en un contexto económico complejo para los municipios bonaerenses, con caída de la actividad económica, restricciones presupuestarias y menores niveles de obra pública. Eriksen reconoció que, si bien San Cayetano mantiene niveles “normales” de recaudación, existe preocupación por la situación financiera general y por la caída de la coparticipación.
A eso se suma el impacto de las recientes lluvias y anegamientos que afectaron a la región y que obligarán a destinar recursos a la reparación de caminos rurales y otra infraestructura dañada.
“Obviamente que recuperar ese dinero sería importante”, afirmó la funcionaria, al remarcar que los más de 160 millones de pesos hoy equivalen a recursos significativos para un municipio del tamaño de San Cayetano.
El caso podría convertirse en antecedente para otras comunas que atraviesan situaciones similares. Desde la Municipalidad de Necochea reconocieron en las últimas horas que también analizan iniciar acciones judiciales por fondos adeudados por Nación correspondientes a convenios firmados en 2023, en ese caso por cifras cercanas a los 400 millones de pesos.
La decisión adoptada por San Cayetano expone uno de los efectos más visibles de la paralización de transferencias nacionales vinculadas a obra pública y abre un nuevo frente judicial entre municipios y el Estado nacional, en medio de un escenario de fuerte ajuste fiscal y creciente tensión sobre las finanzas locales.
