La diputada nacional de Unión por la Patria cuestionó la media sanción aprobada recientemente en Diputados y alertó sobre el fuerte impacto económico que tendría en millones de usuarios bonaerenses y argentinos. También anticipó que podría impulsarse un amparo colectivo si el proyecto se convierte en ley
La diputada nacional Jimena López expresó su fuerte preocupación por la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados el proyecto que modifica el régimen de beneficios por Zona Fría para usuarios del servicio de gas natural, iniciativa que ahora deberá ser tratada en el Senado de la Nación.
En diálogo con el programa Voces de la Tarde, que conduce Jorge Gómez por Radio Noticias Necochea, la legisladora necochense sostuvo que, de convertirse en ley, la medida podría significar aumentos de entre el 50 y el 100 por ciento en las boletas de gas para los usuarios de ciudades como Necochea, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca y gran parte del sudeste y sudoeste bonaerense.
López aseguró que el oficialismo nacional ya tendría asegurados los votos en la Cámara de Senadores y consideró que el tratamiento parlamentario responde a una decisión política ya acordada.
“Yo también creo que no van a tratar esta ley si no tienen los votos”, afirmó la legisladora, quien cuestionó duramente el sentido de la iniciativa. Según indicó, detrás del debate sobre la eliminación de beneficios a usuarios de Zona Fría existen intereses económicos vinculados a la política energética nacional.
“Condonan deudas de 2.000 millones de dólares, importan gas por 1.200 millones de dólares y el que termina pagando la desregulación de la tarifa vamos a ser todos los usuarios de gas natural, los de zona fría y los de no zona fría”, señaló.
En ese sentido, Jimena López sostuvo que el Gobierno nacional busca mostrar equilibrio fiscal a costa de reducir subsidios, paralizar obras públicas y disminuir inversiones. “No se le encuentra el sentido más que acumular dinero para vender un superávit fiscal”, expresó.
La diputada nacional remarcó además que la situación económica de las familias argentinas agrava el impacto de cualquier aumento tarifario. “Hoy las familias están endeudadas, hay gente que no llega a fin de mes y encima discutir otro golpe sobre servicios básicos como el gas o la luz me parece que no es el momento”, manifestó.
Durante la entrevista, López señaló que alrededor de 3.300.000 argentinos podrían verse afectados por la eliminación del régimen de Zona Fría, entre ellos aproximadamente 1.200.000 bonaerenses. “Es un número muy grande”, resumió.
También explicó que uno de los problemas que podría derivarse de la nueva legislación es la imposibilidad de prever consumos y tramitar subsidios. “Vos no sabés qué te va a llegar en agosto de tu consumo de gas”, indicó, al advertir sobre la incertidumbre que genera el nuevo esquema tarifario.
Otro de los aspectos cuestionados por la legisladora fue la reestructuración de los organismos de control. Según explicó, el ENARGAS y el ENRE quedarían subsumidos en un único ente regulador con menores facultades para fijar precios de referencia y controlar las tarifas.
“Hay una desregulación de la tarifa y se debilitan los mecanismos de control para garantizar que el precio sea justo”, sostuvo.
Ante este escenario, López confirmó que ya se analiza la posibilidad de impulsar un amparo colectivo en caso de que el proyecto obtenga sanción definitiva y sea promulgado. Recordó antecedentes similares realizados años atrás desde organizaciones de consumidores y señaló que el camino judicial podría volver a ser utilizado para frenar los efectos de la medida.
“Hay que esperar primero la sanción de la ley y después buscar herramientas de protección jurídica para los consumidores”, explicó. En ese sentido mencionó la posibilidad de que asociaciones civiles y entidades de defensa del consumidor encabecen acciones judiciales de carácter federal.
La legisladora hizo referencia además a recientes resoluciones judiciales vinculadas a prestaciones para personas con discapacidad y cobertura de servicios, como ejemplo de que aún existen herramientas institucionales para reclamar ante decisiones del Gobierno nacional.
Consultada sobre el contexto político y social, López consideró que existe una fuerte contradicción entre el respaldo electoral que obtuvo el oficialismo libertario en ciudades bonaerenses y las consecuencias económicas que comienzan a sentirse en esos mismos distritos.
“Después la sociedad responde con expresiones, con quejas, pero mientras tanto las medidas avanzan”, reflexionó.
