Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Necochea señalaron que la iniciativa ponía en riesgo los controles sobre la actividad y abría la posibilidad de que personas sin formación universitaria realizaran intermediaciones inmobiliarias. Advirtieron que el debate excede al sector y alcanza a otras profesiones reguladas
El retiro en la Legislatura bonaerense de un proyecto que proponía modificar el esquema regulatorio del ejercicio profesional de martilleros y corredores públicos fue recibido con alivio por parte del sector, que venía expresando reparos sobre el alcance de la iniciativa y sus posibles consecuencias.
Este jueves 25 de junio en el programa Voces de la Tarde que conduce Jorge Gómez por Radio Noticias Necochea FM 97.3, la presidenta del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Necochea, Romina Casal, sostuvo que el debate no se limitaba a una discusión corporativa sino que involucraba garantías para quienes realizan operaciones inmobiliarias.
“Este proyecto no solamente buscaba desregular nuestra profesión, sino permitir que cualquier persona pudiera ejercer sin tener título universitario. Eso no solamente afectaba a quienes estudiamos y buscamos jerarquizar la actividad, sino también a toda la sociedad”, expresó.
Según explicó, el planteo impulsaba modificaciones que, a criterio del sector, debilitaban el sistema de matriculación y de control que actualmente ejercen los colegios profesionales.
Casal remarcó que el objetivo de las entidades no pasa únicamente por representar a sus matriculados sino también por brindar un marco de seguridad para quienes venden, alquilan o adquieren una propiedad.
“Los colegios tratamos de perseguir los casos irregulares y proteger tanto a los profesionales como a las personas que realizan operaciones. Sabemos que históricamente hubo situaciones problemáticas y justamente la regulación apunta a reducir esos riesgos”, manifestó Casal.
Durante la entrevista, la dirigente sostuvo que una eventual desregulación no necesariamente implicaría menores costos para quienes contratan servicios inmobiliarios, sino un escenario distinto en cuanto a controles y funcionamiento del mercado.
“Lo que pretendía esta reforma era liberar completamente el ejercicio y permitir que cualquiera pudiera abrir una inmobiliaria o realizar intermediaciones sin tener la idoneidad profesional necesaria”, puntualizó.
Romina Casal explicó que actualmente existen parámetros establecidos respecto de honorarios y formas de ejercicio que ordenan la actividad y dan previsibilidad a quienes intervienen.
“Hoy existe una regulación con máximos establecidos para honorarios profesionales. No se trata de una comisión comercial sino del ejercicio de una profesión”, señaló.
En ese sentido también cuestionó el avance de modelos que, según describió, podrían favorecer esquemas de franquicias o intermediaciones masivas sin responsabilidad profesional directa.
Más allá del debate legislativo, aprovechó para reforzar un mensaje que el Colegio viene sosteniendo desde hace años: la importancia de consultar siempre con profesionales habilitados.
“Hay algo importante y es que nuestra actividad ya tiene un nivel de libertad importante. Cualquier propietario puede vender por su cuenta si quiere hacerlo. Lo que no corresponde es que una persona no matriculada haga intermediación profesional”, dijo.
Para explicar el concepto, apeló a una comparación con otras disciplinas.
“Es como pensar que alguien pueda ejercer otra profesión solamente porque tiene algún conocimiento. La formación, la matrícula y el control existen por una razón”, expresó.
La presidenta del Colegio recordó además que las operaciones inmobiliarias suelen involucrar decisiones económicas relevantes para las familias y que, por eso, la intervención profesional busca anticipar conflictos y ordenar procesos.
“Cuando una persona decide contratar una inmobiliaria lo hace porque busca seguridad jurídica, acompañamiento y que cada etapa esté correctamente orientada. Después intervienen otros profesionales como abogados o escribanos según corresponda, pero el corretaje ya llega con gran parte del proceso encauzado”, manifestó.
Romina Casal valoró finalmente que el proyecto haya sido retirado y destacó que el propio legislador que había impulsado la iniciativa resolviera dar marcha atrás.
“Por suerte en la provincia este proyecto fue retirado. Sabemos que existen otras discusiones abiertas a nivel nacional, pero vamos a seguir defendiendo la jerarquización de nuestra profesión y el rol que cumplen los colegios profesionales”, concluyó.
