Crónica de Noticias Argentinas (NA)
El Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires aprobó una reglamentación para regular el cierre de colegios privados en el distrito, luego de reiterados episodios que tomaron por sorpresa a familias y docentes, según una resolución publicada en el Boletín Oficial porteño.
La medida busca prevenir «cancelaciones intempestivas» y garantizar procesos «ordenados» para que todos los alumnos matriculados tengan aseguradas nuevas vacantes, según informó la cartera que conduce Mercedes Miguel.
A partir de ahora, «toda decisión de cancelación deberá contar con la evaluación previa y avalada por la Dirección General Educación de Gestión Privada», establece la normativa.
La crisis y el descenso de la tasa de natalidad se reflejan en la baja matriculación en escuelas. Un informe del gobierno porteño advirtió que en 2025 la matrícula de ingresantes a primer grado disminuyó un 25% respecto de 2020.
Este fenómeno, sumado a la situación económica, la enorme morosidad en las cuotas y la situación postpandemia, dejó a muchas escuelas vulnerables. En estos años se multiplicaron las noticias de colegios que cerraban o se fusionaban para sobrevivir; algunos, incluso, sin tiempo para retirar documentación o reubicar a sus alumnos.
La semana pasada se conoció el cierre del Instituto Formar Futuro, que contaba con 300 familias matriculadas y 75 docentes y no docentes. Según trascendió, los dueños y representantes legales bloquearon sus teléfonos luego de informar que no se iban a pagar los sueldos correspondientes a diciembre.
Ante esta problemática, el ministerio porteño reglamentó una serie de pautas que deben seguir las instituciones que estén analizando el posible cierre de grados o del colegio completo.
Las instituciones deberán comunicar a la Dirección General de Educación de Gestión Privada cuando tengan un riesgo de continuidad, por medio de un informe, para recibir «acompañamiento y asesoramiento».
Tendrán que presentar una solicitud de cancelación institucional «con la antelación suficiente» para planificar el proceso. «Tienen que avisar cinco meses antes», precisaron fuentes del Ministerio de Educación porteño.
En la presentación deberán precisar el cronograma del proceso, lineamientos para una «comunicación clara» con el personal, los estudiantes, las familias y la comunidad educativa. También, las estrategias para «que los estudiantes finalicen adecuadamente el año escolar en la institución» y, a la vez, «puedan continuar su escolaridad en otra».
El colegio deberá asimismo «elaborar una declaración jurada comprometiéndose al resguardo de la documentación oficial y a la entrega garantizada, completa y en tiempo oportuno».
Las autoridades deben presentar el trámite de cancelación de manera formal ante la Dirección General de Educación de Gestión Privada, como máximo, el 31 de julio del año lectivo anterior al cierre.
De este modo, buscan regular los casos que, por ejemplo, avisaron en diciembre o incluso a principios de año y con matrículas ya pagas que no abrirían el próximo ciclo lectivo.
La Dirección General de Educación de Gestión Privada tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para evaluar la documentación. Luego, la institución podrá comunicarlo a la comunidad.
Los colegios tendrán que habilitar canales accesibles de consultas y garantizar reuniones con las familias, como también con los docentes.
El año pasado, según datos relevados por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), cerraron al menos 15 instituciones privadas en todo el país.
Entre 2021 y 2024, el sistema educativo argentino registró una disminución sostenida de la matrícula total, una variación acumulada del 2,57%.
«Sostener la educación privada resulta cada vez más complejo. Los costos operativos y laborales han aumentado de manera considerable y, en muchos casos, los incrementos de los aranceles no han sido suficientes para absorber ese impacto», describió Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA.
En la Argentina, la cantidad de nacimientos se redujo aproximadamente el 53% a nivel nacional desde 2014. La matrícula del nivel primario en el país experimentará, según proyecciones de Argentinos por la Educación, una caída del 27% para 2030: habría 1,2 millones de estudiantes menos.
