Tras fracasar por segunda vez la licitación para concesionar durante 20 años el servicio urbano de pasajeros, la comisión de Transporte del Concejo Deliberante analizará este viernes 21 de agosto alternativas para sostener la prestación. El presidente de la comisión, Julián Kristiansen, anticipó que trabaja en un proyecto para declarar la emergencia del transporte y abrir un período excepcional de reorganización
La falta de oferentes en el segundo llamado a licitación para concesionar el servicio de transporte urbano de pasajeros de Necochea y Quequén volvió a poner al sistema frente a una situación de incertidumbre. Nadie adquirió el pliego y, con la actual prórroga de la concesión próxima a finalizar, el Concejo Deliberante deberá encontrar una alternativa que permita garantizar que los micros sigan circulando.
El tema será uno de los principales puntos de análisis este viernes 21 de agosto, desde el mediodía, cuando se reúna la comisión de Transporte del cuerpo deliberativo, presidida por el concejal de Fuerza Patria-Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Julián Kristiansen.
En diálogo con Voces de la Tarde, el programa que conduce Jorge Gómez por Radio Noticias Necochea, Kristiansen anticipó una posibilidad que podría modificar el escenario, o sea declarar la emergencia del transporte urbano de pasajeros.
El concejal explicó que ya comenzó a trabajar en un borrador de ordenanza que establecería condiciones excepcionales para afrontar la situación y buscar una salida que permita mantener el servicio mientras se analiza una solución de fondo.
“No hay que quedarnos sin transporte”, sostuvo Kristiansen, aunque aclaró que tampoco se trata de flexibilizar las condiciones de manera tal que cualquier empresa pueda asumir la concesión y luego brindar un servicio que no responda a las necesidades de los usuarios.
La emergencia, según explicó, permitiría abrir distintas alternativas, o sea modificar las condiciones del pliego, realizar un nuevo llamado bajo otros parámetros o analizar otras formas de garantizar la prestación. Todo ello teniendo en cuenta el particular contexto que atraviesa el transporte público, no solamente en Necochea sino también a nivel provincial y nacional.
Kristiansen puso el acento en que una eventual emergencia debe ser una herramienta excepcional y transitoria. Comparó la situación con una emergencia sanitaria. Cuando una persona está sufriendo un infarto, dijo, lo primero es salvarle la vida y después resolver las consecuencias. En este caso, la prioridad es mantener funcionando el transporte público.
El planteo también podría abrir una instancia de diálogo con la empresa local, la Compañía de Transportes Necochea -micros azules-, que actualmente presta el servicio y cuya prórroga finalizaría en los primeros días de octubre.
La posibilidad que comienza a tomar forma consiste en establecer, mediante la emergencia, un esquema excepcional que permita garantizar algunas líneas prioritarias y reorganizar la prestación. No necesariamente todas las líneas tendrían que mantenerse bajo el mismo esquema actual, sino que podrían definirse recorridos y frecuencias que aseguren un servicio razonable para los usuarios.
Para Julián Kristiansen, además, antes de tomar cualquier decisión será necesario conocer con precisión la situación de la empresa local, incluyendo cuestiones vinculadas con aportes provinciales, subsidios, cargas sociales y obligaciones laborales.
El presidente de la comisión de Transporte del HCD insistió en que la discusión debe quedar por fuera de la confrontación partidaria. “Acá no hay banderas políticas”, sostuvo, al plantear que todos los bloques deberían trabajar conjuntamente para encontrar una respuesta.
La emergencia, en ese sentido, no sería presentada como una herramienta para responsabilizar a una gestión política determinada ni para trasladar culpas entre oficialismo y oposición. El objetivo inmediato sería evitar que la ciudad quede sin transporte.
La alternativa permitiría, además, ganar tiempo. Un período excepcional de hasta 24 meses aparece como una de las posibilidades que se analizan, lo que llevaría la solución transitoria hasta 2028 y permitiría atravesar el actual escenario de crisis, dar previsibilidad a los trabajadores y usuarios y, al mismo tiempo, volver a discutir más adelante un sistema definitivo.
