La consejera provincial del PJ por la Quinta Sección cuestionó la ordenanza sobre cuidacoches, trapitos y otras actividades informales y pidió revisar la iniciativa. “El peronismo históricamente ha defendido a los sectores más vulnerables. Este tipo de iniciativa genera exclusión, estigmatiza y no piensa en qué oportunidad darle a la gente”, sostuvo
La discusión generada en Necochea por la ordenanza aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante, que regula y restringe la actividad de cuidacoches, trapitos y otras formas de trabajo informal, también abrió un debate dentro del justicialismo. Andrea Cáceres, consejera provincial del Partido Justicialista por la Quinta Sección Electoral, concejal mandato cumplido e integrante del gabinete del ministro Andrés Larroque en la Provincia de Buenos Aires, fue una de las dirigentes que suscribió el documento titulado “No en nombre del justicialismo”.
En diálogo con Voces de la Tarde, programa que conduce Jorge Gómez por Radio Noticias Necochea, Cáceres cuestionó que una iniciativa impulsada originalmente por La Libertad Avanza haya encontrado acompañamiento en concejales vinculados con otros sectores políticos, incluido el justicialismo.
La dirigente situó el debate en el contexto económico y social que atraviesa el país. “Hoy tenemos una Argentina que tiene un 32% de pobreza, dentro de la cual el 45% de los pobres son niños y niñas”, señaló, y advirtió sobre la pérdida de puestos laborales, los despidos y el deterioro de la situación de las familias.
Necochea, sostuvo, no es ajena a ese escenario. “Los comercios trabajan cada vez menos, hay cada vez más gente desempleada”, expresó. Y consideró que la ordenanza parece intentar ocultar una realidad que resulta imposible desconocer: “La gente no tiene una fuente laboral formal, la está pasando mal y se reinventa o hace lo posible para poner un plato de comida en su mesa”.
En ese sentido, Andrea Cáceres cuestionó que se busque prohibir o restringir actividades que muchas personas utilizan como mecanismo de supervivencia. Mencionó no solamente a los cuidacoches y trapitos, sino también a quienes venden productos en la calle, limpian vidrios, hacen malabares o elaboran alimentos para comercializarlos.
“Es el plan B para sobrevivir”, resumió, al advertir que alguien que perdió su empleo o necesita reforzar sus ingresos puede encontrar en esas actividades una forma de conseguir recursos. Por eso calificó la ordenanza como “estigmatizante” y manifestó su preocupación por el criterio que utilizará el Departamento Ejecutivo para determinar quién podrá acceder a las excepciones previstas.
“¿De qué manera el Departamento Ejecutivo va a detectar la situación de vulnerabilidad o va a elegir a unos y a otros no para armar un registro que le permita a la gente cuidar coches?”, preguntó. Y fue más allá: “¿Es un listado de pobreza y quién es más pobre que lo pueda hacer?”.
Andrea Cáceres aclaró que su posición no implica aceptar situaciones abusivas. “No significa que no haya que ordenar. Creo que la ley es pareja para todos y para todas”, puntualizó. Pero sostuvo que cualquier conducta indebida debe ser abordada sin convertir a todo un sector de trabajadores informales en objeto de estigmatización.
Incluso recordó una experiencia personal durante una etapa de crisis, cuando junto a otras personas elaboraba alimentos para vender y así reforzar los ingresos familiares. “Hacíamos ensalada de frutas, milanesas, sándwiches de milanesa de pollo, para reforzar el trabajo que teníamos porque teníamos una criatura para darle de comer”, relató.
Para la dirigente, allí aparece la cuestión central del debate: qué respuesta ofrece la política frente a quienes no encuentran empleo formal. “Si no hay trabajo, no se puede la gente ganar la vida de la manera que pueda hacerlo, ¿cuál va a ser la respuesta?”, planteó.
Andrea Cáceres consideró que el justicialismo debe asumir esa discusión desde sus propias banderas históricas. “El peronismo se ha ocupado históricamente de defender a los sectores más vulnerables”, manifestó, y reclamó que la respuesta sea generar oportunidades y no profundizar la exclusión.
Por esa razón, sostuvo que el documento “No en nombre del justicialismo” no debe interpretarse como una disputa meramente interna. “No tiene que ver con internas, tiene que ver con defender las banderas que el peronismo históricamente ha reivindicado”, afirmó.
Finalmente, pidió que el Departamento Ejecutivo revise la ordenanza y señaló que los concejales del Movimiento Derecho al Futuro (integrantes de Fuerza Patria, corriente que apoya al gobernador Axel Kicillof) comparten esa mirada. “El contexto que estamos viviendo tiene que poner al peronismo a pensar propuestas que incluyan, que den oportunidades y no que excluyan”, concluyó.
