La Confederación General del Trabajo (CGT) advirtió sobre una crisis “grave” en el sistema de obras sociales sindicales, al señalar que muchas organizaciones se encuentran al borde de una situación “terminal” que compromete la prestación de servicios básicos de salud. El diagnóstico surge de un informe actualizado al 31 de marzo de 2026, donde se detallan las dificultades financieras que atraviesa el sector.
Según el informe, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, base de financiamiento del sistema, junto con el fuerte incremento de los costos médicos, ha generado un desfasaje cada vez mayor entre ingresos y gastos. En ese contexto, algunas obras sociales ya fueron dadas de baja, otras se encuentran en crisis y varias debieron ser intervenidas, reflejando la magnitud del problema.
Uno de los datos más relevantes expuestos por la central obrera es que el promedio de recaudación por beneficiario se ubica en $67.525, mientras que el costo estimado del Plan Médico Obligatorio (PMO) ronda los $85.000 per cápita. Esta brecha implica que cerca del 78,5% de los afiliados, más de 11 millones de personas, no cuentan con financiamiento suficiente para cubrir las prestaciones básicas exigidas por ley.
Frente a este escenario, muchas obras sociales dependen del auxilio económico de sus sindicatos para evitar la cesación de pagos. A su vez, la crisis impacta directamente en la calidad del servicio: se registran demoras en la atención, dificultades para acceder a prestaciones y una creciente tensión con los prestadores por la ruptura en la cadena de pagos.
El informe también pone el foco en la pérdida de acceso a medicamentos. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023, la capacidad de compra de fármacos ambulatorios cayó en promedio un 49%, una tendencia que, según advierten, se mantiene hasta la actualidad. A esto se suman factores que agravan el desequilibrio, como la incorporación de monotributistas, cuyos aportes resultan significativamente inferiores al costo real del sistema, y la situación de los jubilados, cuyos ingresos transferidos no alcanzan a cubrir las prestaciones.
Por último, la CGT cuestiona la distribución de subsidios por parte del Estado y advierte sobre distorsiones en la facturación hospitalaria, especialmente en grandes centros urbanos. También señala el progresivo desfinanciamiento del Fondo Solidario de Redistribución, afectado tanto por el aumento de prestaciones, como las vinculadas a discapacidad, como por cambios recientes en los aportes patronales. En este contexto, la central sindical alertó sobre la necesidad urgente de revisar el esquema de financiamiento para evitar un colapso mayor del sistema.
