El secretario Legal y Técnica de la Municipalidad de Necochea sostuvo que el conflicto abierto con el Concejo Deliberante no discute beneficios sectoriales sino competencias institucionales. Ratificó que el Ejecutivo recurrirá al veto cuando considere que se afectan atribuciones propias y cuestionó lo que definió como una dinámica política orientada a “quitarle recursos al municipio”
A horas de una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Necochea, el secretario Legal y Técnica de la Municipalidad, Ernesto Povilaitis, defendió la estrategia institucional del Departamento Ejecutivo frente a una serie de ordenanzas impulsadas por la oposición y dejó una definición que atravesó toda la entrevista. Para el gobierno municipal, el conflicto abierto con el cuerpo legislativo no es una discusión sobre contenidos sino sobre competencias.
Entrevistado en el programa Voces de la Tardeque conduce Jorge Gómez por Radio Noticias Necochea, Povilaitis explicó los fundamentos jurídicos que llevaron al Ejecutivo a promover un conflicto de poderes ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense luego de que el Concejo insistiera con una ordenanza previamente vetada.
“Básicamente el argumento es claro porque así lo establece la ley. Todo lo que tenga que ver con el presupuesto o con la fiscal impositiva, que hace al cálculo de recursos y gastos del municipio, no puede ser modificado salvo que sea a instancia del Departamento Ejecutivo”, afirmó.
Según explicó, el planteo judicial no busca discutir si determinados sectores merecen o no beneficios o exenciones, sino delimitar facultades entre los departamentos municipales.
“El Concejo Deliberante no puede tratar temas que cuantitativa o cualitativamente alteren el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos”, sostuvo.
Ernesto Povilaitis recordó que el procedimiento seguido por el Ejecutivo respondió, según dijo, al mecanismo previsto por la propia jurisprudencia provincial.
“La Suprema Corte tiene dicho que, previo a que se configure un conflicto de poderes, inevitablemente el Departamento Ejecutivo, cuando considera que el Concejo se excedió en sus competencias, primero tiene que hacer el veto. Recién cuando ese veto es rechazado por insistencia queda habilitada la instancia judicial”, explicó.
Durante la conversación también buscó despegar el conflicto institucional del debate sobre el contenido de la ordenanza vinculada a veteranos de Malvinas.
“Esto no es una discusión sobre si se merecen beneficios o no. Esta administración ya incorporó beneficios para veteranos dentro de la ordenanza fiscal impositiva 2026”, señaló.
Y precisó: “Se otorgó la exención del cien por ciento de las tasas y también derechos de construcción”. Desde esa base, el funcionario cuestionó la utilización política de determinadas iniciativas legislativas.
“Entiendo que estamos en un momento de minoría en el Concejo y se asume un rol exageradamente demagógico donde hay una insistencia en pretender dejar sin recursos al Departamento Ejecutivo a través de este tipo de maniobras”, expresó.
Para Ernesto Povilaitis, el problema no está en debatir beneficios sino en avanzar mediante instrumentos que -según entiende el Ejecutivo- afectan ingresos municipales sin indicar mecanismos de compensación.
“La Constitución de la Provincia expresamente dice que si se genera un gasto o se reducen recursos también se debe indicar de dónde salen esos recursos. Si eso no ocurre, la propia Constitución establece que la ordenanza es nula”, afirmó.
Consultado sobre los cuestionamientos de sectores opositores que interpretan esta postura como una limitación al funcionamiento legislativo, respondió que el Concejo mantiene intactas sus facultades dentro del marco legal vigente.
“Los concejales pueden sancionar ordenanzas dentro de las competencias que les fija la Ley Orgánica de las Municipalidades. Lo que no pueden hacer es modificar presupuesto o fiscal impositiva por fuera de las atribuciones que la ley reserva al Ejecutivo”, sostuvo.
En ese contexto, cuestionó además una tendencia que, según su mirada, atraviesa parte de la producción legislativa reciente.
“No hay una sola ordenanza que procure recursos para el Departamento Ejecutivo. Todas las iniciativas que estamos viendo apuntan a quitar recursos al Estado municipal”, dijo.
Uno de los puntos que generó mayor definición política fue el debate sobre el estacionamiento medido, expediente que aparece entre los temas de tratamiento inminente.
Sin haber tomado vista formal del texto definitivo, Povilaitis dejó anticipada la posición del Ejecutivo si el proyecto altera ingresos.
“Si la ordenanza reduce recursos municipales, va a terminar siendo vetada. Eso con seguridad, te lo firmo”, afirmó.
Y agregó que el esquema vigente ya había sido aprobado meses atrás y que, según lo conversado con el intendente Arturo Rojas, actualmente no existe intención oficial de modificar valores.
En la misma línea adelantó que otras iniciativas podrían correr una suerte similar.
Respecto del proyecto vinculado al maltrato animal, indicó que existen observaciones técnicas realizadas desde el Ejecutivo.
“Si la ordenanza saliera sancionada de esta forma (como estaría redactada para ser tratada este jueves en sesión ordinaria), seguramente sea vetada”, señaló.
Más allá del contenido puntual de cada expediente, el funcionario dejó una crítica al funcionamiento político actual entre ambos departamentos.
“No existe una intervención previa del Ejecutivo. Nosotros nos enteramos de la ordenanza (nuevos beneficios para veteranos) cuando ya está sancionada”, sostuvo.
Y agregó que esa falta de intercambio impide analizar impacto económico, redacción técnica o eventuales puntos de acuerdo.
“No hay una instancia formal donde podamos tomar contacto del expediente y hacer observaciones o buscar coincidencias”, concluyó.
Con una nueva sesión por delante y varios expedientes sensibles en carpeta, el Ejecutivo dejó planteada una línea de acción que promete sostener: defender por vía administrativa, política y judicial aquello que considera parte de sus atribuciones exclusivas.
