Un proyecto de ordenanza presentado por el bloque de Fuerza Patria de Necochea propone crear un procedimiento administrativo para asistir e intermediar ante situaciones de sobreendeudamiento derivadas del consumo. Será analizado en comisión y busca que la OMIC pueda convertirse en una herramienta gratuita para quienes ya no logran afrontar sus obligaciones
El endeudamiento familiar dejó de ser una cuestión que pueda mirarse exclusivamente desde las estadísticas nacionales. También golpea las puertas de los municipios y, cada vez con mayor frecuencia, aparece como una de las dificultades concretas que atraviesan los vecinos para sostener su vida cotidiana.
Sobre ese escenario se conversó este jueves 10 de septiembre en Voces de la Tarde, el programa que conduce Jorge Gómez por Radio Noticias Necochea 97.3 FM, donde fue entrevistada la concejal y abogada Silvia Blanco, integrante del bloque de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante de Necochea.
Blanco explicó los alcances de un proyecto de ordenanza presentado por su bloque, que no fue admitido para su tratamiento sobre tablas durante la última sesión, pero que fue girado a las comisiones internas para su análisis.
La iniciativa propone crear en el distrito un “procedimiento administrativo de protección y asistencia al consumidor sobreendeudado”, destinado a aquellas personas que atraviesan una situación de imposibilidad o grave dificultad para afrontar obligaciones derivadas de relaciones de consumo.
La herramienta funcionaría dentro de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y, según explicó la edil, tendría carácter gratuito, ágil y administrativo. El objetivo no sería eliminar las deudas ni evitar que sean pagadas, sino generar una instancia de asesoramiento e intermediación que permita encontrar alternativas frente a situaciones que, en muchos casos, terminan convirtiéndose en una verdadera bola de nieve.
“La idea es que la gente pueda pagar”, aclaró Silvia Blanco, al remarcar que no se pretende perjudicar a los acreedores ni promover ningún tipo de fraude, sino facilitar acuerdos económicos cuando el consumidor ya no encuentra una salida.
El planteo adquiere particular relevancia en un contexto en el que muchas familias recurren al crédito no para comprar bienes de lujo, sino para cubrir necesidades básicas. Tarjetas de crédito, préstamos rápidos y otras formas de financiamiento aparecen como mecanismos utilizados para comprar alimentos, pagar servicios o llegar a fin de mes.
Durante la entrevista también se puso sobre la mesa una encuesta difundida en las últimas horas por un NECOnomia, según la cual el 83,8% de las personas consultadas manifestó haberse endeudado durante el último año, mientras que el 64,5% reconoció haber tenido dificultades para afrontar sus deudas.
La concejal Blanco vinculó esa realidad con la pérdida de poder adquisitivo y con el incremento de servicios y productos esenciales. Como ejemplo personal, contó que una factura de electricidad que el año pasado abonaba en torno de los 24.000 pesos pasó recientemente a casi 78.000, mientras que sus ingresos no aumentaron en la misma proporción.
El proyecto contempla además instancias de educación financiera y prevención, junto con la posibilidad de crear un registro vinculado con determinadas entidades o prestamistas que pudieran incurrir en prácticas abusivas o que no respondan a las instancias de citación previstas por el procedimiento.
Para Blanco, el punto central está en reconocer que existe una relación desigual entre consumidores y proveedores y que, justamente por esa asimetría, el Estado tiene una responsabilidad que no debería desaparecer.
La discusión también alcanzó al rol del Estado nacional y a la idea de que las relaciones entre privados deben resolverse sin intervención estatal. La concejal cuestionó esa mirada y sostuvo que el municipio constituye muchas veces “el primer eslabón que la gente tiene para ir a golpear la puerta del Estado” cuando aparece un problema.
El proyecto, de todos modos, todavía debe atravesar el debate legislativo. Silvia Blanco reconoció que se trata de una iniciativa extensa, con 18 artículos, que requerirá análisis y eventualmente modificaciones. También señaló que, de aprobarse, debería contar con la correspondiente reglamentación del Departamento Ejecutivo.
La expectativa es que la OMIC pueda asumir el nuevo procedimiento sin que ello implique necesariamente una estructura presupuestaria adicional de gran magnitud, cuestión que también deberá determinarse durante el tratamiento.
La iniciativa llega, en definitiva, cuando el problema ya está instalado en la calle. Familias que deben elegir qué pagar primero, trabajadores cuyos ingresos pierden frente al costo de los servicios, jubilados que afrontan medicamentos y consumidores que utilizan una tarjeta para cubrir aquello que ya no pueden pagar con su salario.
La discusión recién comienza en el Concejo Deliberante. Pero detrás de los artículos de una ordenanza hay una realidad bastante más sencilla de explicar: cuando la deuda se convierte en una forma de sobrevivir, el Estado local debe decidir si observa el problema desde afuera o si intenta construir alguna herramienta para ayudar a resolverlo.
