Alberto Franco, del Centro Cultural-Biblioteca Popular Andrés Ferreyra de Necochea, participó de una reunión con la senadora nacional Juliana Di Tullio para plantear el impacto que tendría la eliminación del régimen de zona fría sobre las entidades sociales. Advirtió que la medida implicaría perder el 50% del beneficio en las tarifas de gas
La preocupación de las asociaciones civiles bonaerenses por el futuro del régimen de zona fría llegó este martes 25 de agosto al Senado de la Nación. Representantes de distintas instituciones de la provincia mantuvieron una reunión con la senadora nacional Juliana Di Tullio para plantear el impacto que tendría la eliminación del beneficio sobre bibliotecas populares, clubes y otras organizaciones que sostienen actividades comunitarias.
Entre los participantes estuvo Alberto Franco, director del Centro Cultural-Biblioteca Popular Andrés Ferreyra de Necochea, quien integró la delegación que llevó la voz de las entidades civiles hasta el Congreso. La iniciativa surgió a partir de instituciones de Tandil, entre ellas la Biblioteca Popular Sarmiento de Villa Italia, que reunieron firmas y documentación para presentar ante los senadores nacionales.
En diálogo con Jorge Gómez en Voces de la Tarde, por Radio Noticias Necochea 97.3, Franco calificó como “muy buena” la recepción que tuvieron por parte de Di Tullio y su equipo de asesores. “Tuvimos realmente una reunión muy buena, con mucha escucha, con mucha recepción”, destacó.
Según explicó, durante el encuentro se puso especialmente el acento en una cuestión que, hasta ahora, no había adquirido suficiente presencia en el debate legislativo: el impacto que la modificación tendría específicamente sobre las asociaciones civiles. Alberto Franco señaló que, de acuerdo con lo planteado, los artículos 5° y 6° de la normativa en discusión significarían para estas instituciones la pérdida del 50% del beneficio en las tarifas de gas asociado al régimen de zona fría.
“Era una voz que todavía no estaba presente, la de las asociaciones civiles que se ven afectadas, muy afectadas”, expresó el dirigente de la Biblioteca Ferreyra.
La delegación entregó a la senadora nacional una carpeta con documentación y firmas institucionales, además de exponer la situación concreta que atraviesan las entidades. Franco remarcó que no se trata solamente de una cuestión económica para cada organización, sino de un problema que puede repercutir directamente sobre la continuidad de servicios comunitarios.
En ese sentido, explicó que las bibliotecas populares, clubes y otras instituciones poseen edificios de grandes dimensiones que deben calefaccionarse durante los meses de bajas temperaturas. Como ejemplo, mencionó el propio Centro Cultural-Biblioteca Popular Andrés Ferreyra, que calefacciona diariamente unos 1.200 metros cuadrados mediante tres calderas.
“Es un servicio más de los tantos que sostienen las bibliotecas populares y los clubes”, señaló.
Alberto Franco también indicó que durante la reunión se habló del impacto general que tendría la eliminación del régimen de zona fría sobre los usuarios residenciales de localidades como Necochea, Tandil y Mar del Plata. Pero insistió en que las organizaciones comunitarias enfrentan una situación particular porque deben afrontar importantes consumos de gas para mantener abiertas sus instalaciones y desarrollar sus actividades.
“Esto tiene un impacto mucho mayor en las instituciones, en los clubes que tienen piletas, en los clubes que tienen instalaciones grandes”, explicó.
La delegación también dejó la documentación en el despacho del senador nacional Maximiliano Abad, aunque no pudo mantener un encuentro personal con el legislador porque se encontraba reunido. “Sí con su equipo, quedó también la recepción de la carpeta”, detalló Franco.
De esta manera, dos representantes de la Provincia de Buenos Aires en el Senado recibieron formalmente el planteo de las asociaciones civiles, que ahora esperan que sea incorporado al debate cuando la Cámara alta analice el proyecto que ya obtuvo media sanción de Diputados.
Alberto Franco reconoció que durante la reunión Di Tullio les transmitió que será difícil que los senadores ignoren las consecuencias de una decisión que afectaría a miles de organizaciones y, al mismo tiempo, a los usuarios residenciales.
El dirigente consideró que el encuentro permitió instalar una mirada que, hasta ahora, aparecía dispersa. “Esa voz hoy está planteada, ha tenido muy buena recepción y la promesa de ser abordada y tratada en el ámbito de la Cámara de Senadores”, resumió.
Para las entidades, el reclamo recién comienza. La preocupación por el aumento de las tarifas de gas se suma así a las dificultades económicas que enfrentan numerosas organizaciones comunitarias, que dependen en gran medida del esfuerzo voluntario de sus integrantes para mantener abiertas sus puertas y sostener servicios destinados a la comunidad.
